B. Acción judicial

92. Pleitear puede resultar largo y costoso y por tanto se considera un último recurso; sin embargo, cuando los gobiernos se niegan sistemáticamente a respetar los derechos humanos puede ser una manera efectiva de conseguir que las personas y las comunidades tengan acceso a servicios esenciales. A continuación pueden verse algunos ejemplos de como los pleitos han contribuido a la realización de los derechos al agua y al saneamiento.

93. En enero de 2011, dos representantes de un grupo de indígenas que vivían en una reserva de animales de Botswana presentaron con éxito una demanda en virtud de la Ley de abastecimiento de agua del país. Se había negado a los basarwa el acceso a un pozo perforado que llevaban utilizando durante decenios con el fin de obligarles a abandonar la reserva, en la que vivían desde antes que fuese declarada tal. El tribunal se remitió a la reciente resolución de la Asamblea General sobre el derecho al agua y el saneamiento y consideró que denegar a los basarwa el permiso de utilizar, a sus expensas, el pozo situado en la tierra que habitaban equivalía a un trato degradante, que está prohibido, entre otras cosas, por la Convención contra la Tortura. En la sentencia se cita específicamente la Observación general Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la resolución 64/292 de la Asamblea General, en la que la Asamblea reconoció el derecho al agua y el saneamiento 39.

94. En 2004, en una causa sometida al Tribunal Civil y Comercial de Córdoba (Argentina) unos residentes de Chacras de la Merced solicitaron amparo contra una municipalidad que permitía que una planta de tratamiento de líquidos cloacales dejara filtrar esos líquidos sin tratar en el suministro de agua potable de la comunidad. El Tribunal hizo referencia a la Observación general Nº 15, ordenó a la municipalidad que habilitara, restableciera y mejorara la planta de tratamiento de aguas cloacales y ordenó al gobierno provincial que proporcionara a la comunidad un suministro alternativo de agua potable

hasta que se hubieran terminado las obras de mejora. El gobierno provincial terminó las obras de un nuevo sistema de agua potable en 2006 40.

95. Aun cuando la jurisprudencia en apoyo del derecho al saneamiento es menos abundante, está registrando un lento aumento. Ya en 1980 el Tribunal Supremo de la India reconoció las obligaciones del Estado de prestar servicios de saneamiento apropiados, señalando que la falta de acceso al saneamiento "obliga a los habitantes pobres de barrios marginales a hacer sus necesidades en la calle, al principio con discreción y luego sin recato porque bajo la presión de la naturaleza la vergüenza se convierte en un lujo y mantener la dignidad es un arte muy difícil" 41. De manera análoga, en 2007 la Sala Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decidió que el deficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de Villa Flores, que provocaba la inundación de hogares con aguas residuales, violaba el derecho constitucional a la salud y ordenó a la municipalidad y a diversas entidades públicas que remediaran inmediatamente la situación 42.

96. Incluso cuando la denuncia no prospera puede tener una repercusión positiva si se combina con campañas de la sociedad civil para presionar a las autoridades, y puede ocasionar un cambio de políticas. En el caso Mazibuko c. Ciudad de Johannesburgo, unos residentes de Phiri (Soweto)denunciaron a la Ciudad de Johannesburgo, la Johannesburg Water (Pty)Ltd. y el Departamento de Asuntos Hídricos y Silvicultura alegando que la política de abastecimiento básico gratuito de agua no proporcionaba a los residentes una cantidad de agua suficiente y que la instalación de contadores de agua de pago anticipado era ilegal. En última instancia, el Tribunal Constitucional falló contra los demandantes pero la municipalidad cambió de política para proporcionar mayores cantidades de agua gratuita a los hogares clasificados como indigentes.