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Relatoría especial sobre la libertad de religión o de creencias, Reporte temático 34 (E/CN.4/2002/73/Add.2)

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[ a los principales instrumentos ambientales, hasta el momento el mandato se ha apoyado en gran medida, normativo internacional, Derecho ambiental, de la salud]

Derecho ambiental, de la salud y de la protección del consumidor

21. En lo que respecta a los principales instrumentos ambientales, hasta el momento el mandato se ha apoyado en gran medida en la aplicación, entre otros, del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado en marzo de 1989 bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) El artículo 4 dispone que las partes deben reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos; establecer instalaciones adecuadas de eliminación de estos; velar por que las personas que participen en el manejo de estas sustancias y otros desechos impidan la contaminación; y velar por que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros desechos se reduzca al mínimo. En el marco de los ideales fundacionales de este mandato, el Convenio considera que "el tráfico ilícito de desechos tóxicos es un acto criminal" 5 . En este contexto, cabe destacar que, además del Convenio de Basilea, de adhesión universal, hay instrumentos internacionales regionales y subregionales en diversas regiones del mundo que disponen mayores restricciones a la circulación de desechos a través de las fronteras nacionales y una mayor protección de la salud humana y el medio ambiente. La Convención de Bamako de 1991 de la Unión Africana, que entró en vigor el 22 de abril de 1998 y actualmente obliga a los 25 Estados miembros de la Unión Africana, es un ejemplo de ello.

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Relatoría especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Reporte temático 9 (A/HRC/24/39)
Derecho ambiental, de la salud y de la protección del consumidor

21. En lo que respecta a los principales instrumentos ambientales, hasta el momento el mandato se ha apoyado en gran medida en la aplicación, entre otros, del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado en marzo de 1989 bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) El artículo 4 dispone que las partes deben reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos; establecer instalaciones adecuadas de eliminación de estos; velar por que las personas que participen en el manejo de estas sustancias y otros desechos impidan la contaminación; y velar por que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros desechos se reduzca al mínimo. En el marco de los ideales fundacionales de este mandato, el Convenio considera que "el tráfico ilícito de desechos tóxicos es un acto criminal" 5 . En este contexto, cabe destacar que, además del Convenio de Basilea, de adhesión universal, hay instrumentos internacionales regionales y subregionales en diversas regiones del mundo que disponen mayores restricciones a la circulación de desechos a través de las fronteras nacionales y una mayor protección de la salud humana y el medio ambiente. La Convención de Bamako de 1991 de la Unión Africana, que entró en vigor el 22 de abril de 1998 y actualmente obliga a los 25 Estados miembros de la Unión Africana, es un ejemplo de ello.

Relatoría especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Reporte temático 11 (A/HRC/22/43)
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[ de la protección de numerosos instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, los derechos a la libertad, que esos instrumentos abarcan el ejercicio de los derechos con fines de protección del medio ambiente.
, extensamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 19, 21, 22 y 25]

26. Los derechos de procedimiento gozan de la protección de numerosos instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y reunión pacífica, a la participación en los asuntos gubernamentales y a un recurso efectivo por la violación de derechos están reconocidos en la Declaración Universal (arts. 7, 8, 19, 20 y 21) y se desarrollan más extensamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 19, 21, 22 y 25) los cuales dejan claro que los derechos no pueden ser objeto de discriminación 26. Aunque en ellos no se trate explícitamente de cuestiones ambientales, es indudable que esos instrumentos abarcan el ejercicio de los derechos con fines de protección del medio ambiente.

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Relatoría especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Reporte temático 11 (A/HRC/22/43)

26. Los derechos de procedimiento gozan de la protección de numerosos instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y reunión pacífica, a la participación en los asuntos gubernamentales y a un recurso efectivo por la violación de derechos están reconocidos en la Declaración Universal (arts. 7, 8, 19, 20 y 21) y se desarrollan más extensamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 19, 21, 22 y 25) los cuales dejan claro que los derechos no pueden ser objeto de discriminación 26. Aunque en ellos no se trate explícitamente de cuestiones ambientales, es indudable que esos instrumentos abarcan el ejercicio de los derechos con fines de protección del medio ambiente.

Relatoría especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Reporte temático 10 (A/HRC/25/53)
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[ ambientales transfronterizos y cooperación internacional,/Relatorías/Derechos humanos y medio ambiente/2, ambientales transfronterizos no siempre está clara. Una dificultad que se plantea, es que los instrumentos de derechos humanos abordan las cuestiones relativas a la jurisdicción de distintas maneras]

63. No hay motivos evidentes por los que un Estado no deba considerarse responsable de actuaciones que, en cualquier otro caso, constituirían un incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos por el mero hecho de que el daño se experimente fuera de sus fronteras. Aun así, la aplicación de las obligaciones de derechos humanos a los daños ambientales transfronterizos no siempre está clara. Una dificultad que se plantea es que los instrumentos de derechos humanos abordan las cuestiones relativas a la jurisdicción de distintas maneras. Algunos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Africana, no contienen limitaciones jurisdiccionales expresas, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede ofrecer incluso un fundamento explícito para las obligaciones extraterritoriales (art. 2, párr. 1) Sin embargo, otros tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, limitan al menos algunas de sus protecciones a las personas situados bajo la jurisdicción del Estado o sometidas a ella, sin aclarar hasta qué punto esas protecciones se extienden más allá del territorio del Estado. Otro problema es que muchos órganos de derechos humanos no han abordado la extraterritorialidad en el contexto de los daños ambientales 60.

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Relatoría especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Reporte temático 10 (A/HRC/25/53)

63. No hay motivos evidentes por los que un Estado no deba considerarse responsable de actuaciones que, en cualquier otro caso, constituirían un incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos por el mero hecho de que el daño se experimente fuera de sus fronteras. Aun así, la aplicación de las obligaciones de derechos humanos a los daños ambientales transfronterizos no siempre está clara. Una dificultad que se plantea es que los instrumentos de derechos humanos abordan las cuestiones relativas a la jurisdicción de distintas maneras. Algunos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Africana, no contienen limitaciones jurisdiccionales expresas, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede ofrecer incluso un fundamento explícito para las obligaciones extraterritoriales (art. 2, párr. 1) Sin embargo, otros tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, limitan al menos algunas de sus protecciones a las personas situados bajo la jurisdicción del Estado o sometidas a ella, sin aclarar hasta qué punto esas protecciones se extienden más allá del territorio del Estado. Otro problema es que muchos órganos de derechos humanos no han abordado la extraterritorialidad en el contexto de los daños ambientales 60.

Relatoría especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Reporte temático 9 (A/HRC/24/39)
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[ laboral internacional y no del derecho ambiental, de los cuales solo unos pocos han sido ratificados, recurrir a formas de cooperación internacional y a instrumentos jurídicamente no vinculantes, de los otros campos del derecho ambiental internacional, no existe una convención marco]

22. Hay muy pocas normas del derecho internacional de los tratados relativos a la prevención y gestión de los riesgos de toxicidad y de otros riesgos para la salud relacionados con sustancias y productos químicos peligrosos o su presencia en otros productos, en contraposición con la gestión de esas sustancias y/o productos al final de su ciclo de vida, es decir, como desechos o en ellos. Con excepción de unos pocos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)sobre la protecci ón de los trabajadores contra riesgos químicos y otros riesgos para la salud en el lugar de trabajo, es decir acuerdos en virtud de derecho laboral internacional y no del derecho ambiental, de los cuales solo unos pocos han sido ratificados 6 , las únicas dos convenciones mundiales sobre seguridad química actualmente en vigor son de origen reciente y guardan relación con solo un número muy limitado de sustancias y preparaciones. En general, cabe señalar que, en este sentido, los gobiernos han preferido recurrir a formas de cooperación internacional y a instrumentos jurídicamente no vinculantes. La prueba más clara de ello es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los otros campos del derecho ambiental internacional, no existe una convención marco sobre la regulación de los productos químicos y los desechos, sino únicamente un instrumento de derecho no vinculante elaborado bajo los auspicios del PNUMA, el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) El derecho internacional sobre sustancias tóxicas efectivamente evolucionó de manera fragmentada y aleatoria entre 1986 y 2013, al igual que el derecho del medio marino en el período 1950 -1992. Claramente esta evolución contiene muchas carencias significativas y realmente necesita mayor elaboración y perfeccionamiento, al igual que el derecho del medio marino en el período anterior a la aprobación en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) una convención marco mundial considerada en general como la "constitución de los océanos del mundo". La principal similitud entre ambas esferas del derecho ambiental internacional es que no hubo una hoja de ruta completa e integral al inicio del desarrollo de este derecho y que la aceptación de la necesidad de coherencia, exhaustividad y unidad evolucionó muy gradualmente en forma paralela al desarrollo progresivo del derecho. La Parte XI de la CNUDM, que efectivamente constituye la convención marco para la protección del medio marino, solo se aprobó un decenio después de la Conferencia de Estocolmo de 1972.

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Relatoría especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Reporte temático 9 (A/HRC/24/39)
22. Hay muy pocas normas del derecho internacional de los tratados relativos a la prevención y gestión de los riesgos de toxicidad y de otros riesgos para la salud relacionados con sustancias y productos químicos peligrosos o su presencia en otros productos, en contraposición con la gestión de esas sustancias y/o productos al final de su ciclo de vida, es decir, como desechos o en ellos. Con excepción de unos pocos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)sobre la protecci ón de los trabajadores contra riesgos químicos y otros riesgos para la salud en el lugar de trabajo, es decir acuerdos en virtud de derecho laboral internacional y no del derecho ambiental, de los cuales solo unos pocos han sido ratificados 6 , las únicas dos convenciones mundiales sobre seguridad química actualmente en vigor son de origen reciente y guardan relación con solo un número muy limitado de sustancias y preparaciones. En general, cabe señalar que, en este sentido, los gobiernos han preferido recurrir a formas de cooperación internacional y a instrumentos jurídicamente no vinculantes. La prueba más clara de ello es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los otros campos del derecho ambiental internacional, no existe una convención marco sobre la regulación de los productos químicos y los desechos, sino únicamente un instrumento de derecho no vinculante elaborado bajo los auspicios del PNUMA, el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) El derecho internacional sobre sustancias tóxicas efectivamente evolucionó de manera fragmentada y aleatoria entre 1986 y 2013, al igual que el derecho del medio marino en el período 1950 -1992. Claramente esta evolución contiene muchas carencias significativas y realmente necesita mayor elaboración y perfeccionamiento, al igual que el derecho del medio marino en el período anterior a la aprobación en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) una convención marco mundial considerada en general como la "constitución de los océanos del mundo". La principal similitud entre ambas esferas del derecho ambiental internacional es que no hubo una hoja de ruta completa e integral al inicio del desarrollo de este derecho y que la aceptación de la necesidad de coherencia, exhaustividad y unidad evolucionó muy gradualmente en forma paralela al desarrollo progresivo del derecho. La Parte XI de la CNUDM, que efectivamente constituye la convención marco para la protección del medio marino, solo se aprobó un decenio después de la Conferencia de Estocolmo de 1972.

Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Reporte temático 4 (A/74/197)
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[ marcos a fin de determinar, controlar y corregir los efectos ambientales y sociales, de los agentes que participan en el desarrollo internacional, de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Además, estos instrumentos rara]

13. Como ya se ha mencionado, se han elaborado marcos a fin de determinar, controlar y corregir los efectos ambientales y sociales de los agentes que participan en el desarrollo internacional. Sin embargo, estos marcos están dirigidos a un número limitado de agentes o actividades, son en gran medida de carácter voluntario y no se centran en los aspectos específicos de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Además, estos instrumentos rara vez incorpor an plenamente el contenido normativo de tales derechos y de los principios de derechos humanos, puesto que se incluyen de manera parcial, lo que inevitablemente da lugar a lagunas de protección en la práctica, en particular con respecto a los megaproyectos .

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Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Reporte temático 4 (A/74/197)
13. Como ya se ha mencionado, se han elaborado marcos a fin de determinar, controlar y corregir los efectos ambientales y sociales de los agentes que participan en el desarrollo internacional. Sin embargo, estos marcos están dirigidos a un número limitado de agentes o actividades, son en gran medida de carácter voluntario y no se centran en los aspectos específicos de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Además, estos instrumentos rara vez incorpor an plenamente el contenido normativo de tales derechos y de los principios de derechos humanos, puesto que se incluyen de manera parcial, lo que inevitablemente da lugar a lagunas de protección en la práctica, en particular con respecto a los megaproyectos .

Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 4 (A/HRC/38/33)
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[ de organismos internacionales,/Relatorías/Derechos humanos y pobreza extrema/2. Marco normativo e institucional,
Definición de protección social,

34. En el informe de la Oficina de Evaluación Independiente se define la protección]

Definición de protección social

34. En el informe de la Oficina de Evaluación Independiente se define la protección social como una variedad de instrumentos de política que prevén prestaciones en efectivo o en especie para personas u hogares vulnerables, a saber: a)la seguridad social (por ejemplo, los planes de pensiones públicos) b)la asistencia social (por ejemplo, las transferencias gubernamentales a los pobres) y c)las intervenciones en el mercado de trabajo para los desempleados (por ejemplo, el seguro de desempleo y las políticas activas del mercado de trabajo) El informe también aborda las subvenciones a los alimentos y la energía, pero no las políticas más amplias de desarrollo o de reducción de la pobreza, como las políticas de educación y salud 77. En su anexo se enumeran las distintas definiciones de protección social utilizadas por el FMI y otras organizaciones 78. La labor en curso encaminada a establecer una definición uniforme para el FMI es esencial, ya que las entrevistas del Relator Especial confirmaron que en el Fondo existían dudas y discrepancias considerables sobre lo que significaba la protección social.

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Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 4 (A/HRC/38/33)

Definición de protección social

34. En el informe de la Oficina de Evaluación Independiente se define la protección social como una variedad de instrumentos de política que prevén prestaciones en efectivo o en especie para personas u hogares vulnerables, a saber: a)la seguridad social (por ejemplo, los planes de pensiones públicos) b)la asistencia social (por ejemplo, las transferencias gubernamentales a los pobres) y c)las intervenciones en el mercado de trabajo para los desempleados (por ejemplo, el seguro de desempleo y las políticas activas del mercado de trabajo) El informe también aborda las subvenciones a los alimentos y la energía, pero no las políticas más amplias de desarrollo o de reducción de la pobreza, como las políticas de educación y salud 77. En su anexo se enumeran las distintas definiciones de protección social utilizadas por el FMI y otras organizaciones 78. La labor en curso encaminada a establecer una definición uniforme para el FMI es esencial, ya que las entrevistas del Relator Especial confirmaron que en el Fondo existían dudas y discrepancias considerables sobre lo que significaba la protección social.

Relatoría especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Reporte temático 9 (A/HRC/24/39)
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[ III. Marco normativo internacional y nacional, reconocidos en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración, normativo internacional]

III. Marco normativo internacional y nacional en la esfera del mandato, desde la perspectiva del derecho de los derechos humanos y el derecho ambiental, de la salud y de la protección del consumidor

Derecho de los derechos humanos

17. Al igual que todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, este mandato siempre ha fundamentado su marco normativo en un enfoque basado en los derechos y en este aspecto se basó en los principios reconocidos en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras que el artículo 25 dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también subraya el derecho inherente a la vida, mientras que el artículo 19 garantiza el derecho a la libertad de expresión.

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Relatoría especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Reporte temático 9 (A/HRC/24/39)
III. Marco normativo internacional y nacional en la esfera del mandato, desde la perspectiva del derecho de los derechos humanos y el derecho ambiental, de la salud y de la protección del consumidor

Derecho de los derechos humanos

17. Al igual que todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, este mandato siempre ha fundamentado su marco normativo en un enfoque basado en los derechos y en este aspecto se basó en los principios reconocidos en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras que el artículo 25 dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también subraya el derecho inherente a la vida, mientras que el artículo 19 garantiza el derecho a la libertad de expresión.

Relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos , Reporte temático 41 (A/HRC/58/53)
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[)

10. Otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, normativo

9, a la

protección de los defensores de los derechos humanos, junto con la Declaración]

A. Marco normativo

9. Los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas aisladas, remotas o

rurales están amparados por las mismas normas de derechos humanos que los defensores de

los derechos humanos en general, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el

documento de derechos humanos más pertinente para los gobiernos en lo que respecta a la

protección de los defensores de los derechos humanos, junto con la Declaración sobre el

Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos

(Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos)

10. Otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos pueden ser

especialmente pertinentes para los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas

aisladas, remotas y rurales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, los Principios Rectores

sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Convención sobre el Acceso a la

Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia

en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus)y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a

la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en

América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)

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Relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos , Reporte temático 41 (A/HRC/58/53)
A. Marco normativo

9. Los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas aisladas, remotas o

rurales están amparados por las mismas normas de derechos humanos que los defensores de

los derechos humanos en general, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el

documento de derechos humanos más pertinente para los gobiernos en lo que respecta a la

protección de los defensores de los derechos humanos, junto con la Declaración sobre el

Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos

(Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos)

10. Otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos pueden ser

especialmente pertinentes para los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas

aisladas, remotas y rurales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, los Principios Rectores

sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Convención sobre el Acceso a la

Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia

en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus)y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a

la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en

América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)

Relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Reporte temático 36 (A/77/238)
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[ directamente los derechos de los pueblos indígenas, hay varios tratados ambientales internacionales, Grave o Desertificación, en Particular en África. Esos tres instrumentos se derivan, interdependientes. Los preceden la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial]

16. Además de las leyes y políticas que ratifican directamente los derechos de los pueblos indígenas, hay varios tratados ambientales internacionales que regulan la gestión de las tierras, incluidos el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África. Esos tres instrumentos se derivan de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro (Brasil)en 1992 y abordan cuestiones interdependientes. Los preceden la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 1972, y la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, de 1971. En el presente informe, el Relator Especial se centrará en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la Convención del Patrimonio Mundial, ya que ambos tratan de la designación de áreas protegidas.

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Relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Reporte temático 36 (A/77/238)
16. Además de las leyes y políticas que ratifican directamente los derechos de los pueblos indígenas, hay varios tratados ambientales internacionales que regulan la gestión de las tierras, incluidos el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África. Esos tres instrumentos se derivan de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro (Brasil)en 1992 y abordan cuestiones interdependientes. Los preceden la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 1972, y la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, de 1971. En el presente informe, el Relator Especial se centrará en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la Convención del Patrimonio Mundial, ya que ambos tratan de la designación de áreas protegidas.

Persona experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Reporte temático 11 (A/HRC/12/27)
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[ comunes pero diferenciadas, que están consagradas en instrumentos jurídicos internacionales, y protección ambiental-, centrándose en la aplicación, según se formula en su plan, ,/Expertas Independientes/Derechos humanos y solidaridad internacional/2.Marco normativo]

G. Desarrollo sostenible y responsabilidades comunes

23. En la actualidad se reconoce el desarrollo sostenible como un objetivo de la comunidad mundial y como un principio de derecho internacional. Su concepto básico y el conjunto de leyes, políticas y valores que abarca ofrecen amplias posibilidades para la elaboración de obligaciones en materia de solidaridad internacional. La idea de las responsabilidades compartidas va en este caso un paso más allá, reconociendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que están consagradas en instrumentos jurídicos internacionales que hacen referencia a las desigualdades mundiales y a la necesidad de abordarlas de forma equitativa. Las obligaciones de cooperar se aplican a los Estados y a todos los demás agentes. En el principio 3 de la Declaración de Nueva Delhi sobre los principios del derecho internacional relativos al desarrollo sostenible, adoptados por la Asociación de Derecho Internacional el 6 de abril de 2002, se expresa que "los Estados y otras entidades competentes tienen responsabilidades comunes aunque diferenciadas. Todos los Estados tienen la obligación de cooperar en el logro del desarrollo sostenible mundial y la protección del medio ambiente. Las organizaciones internacionales, las empresas (en particular las empresas transnacionales) las ONG y la sociedad civil deben colaborar en esta asociación mundial y contribuir a su éxito" (resolución 2002/3). En el principio 5 de la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se exhorta a la asunción de una responsabilidad colectiva de promover el desarrollo sostenible - desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental-, centrándose en la aplicación, según se formula en su plan de aplicación.

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Persona experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Reporte temático 11 (A/HRC/12/27)

G. Desarrollo sostenible y responsabilidades comunes

23. En la actualidad se reconoce el desarrollo sostenible como un objetivo de la comunidad mundial y como un principio de derecho internacional. Su concepto básico y el conjunto de leyes, políticas y valores que abarca ofrecen amplias posibilidades para la elaboración de obligaciones en materia de solidaridad internacional. La idea de las responsabilidades compartidas va en este caso un paso más allá, reconociendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que están consagradas en instrumentos jurídicos internacionales que hacen referencia a las desigualdades mundiales y a la necesidad de abordarlas de forma equitativa. Las obligaciones de cooperar se aplican a los Estados y a todos los demás agentes. En el principio 3 de la Declaración de Nueva Delhi sobre los principios del derecho internacional relativos al desarrollo sostenible, adoptados por la Asociación de Derecho Internacional el 6 de abril de 2002, se expresa que "los Estados y otras entidades competentes tienen responsabilidades comunes aunque diferenciadas. Todos los Estados tienen la obligación de cooperar en el logro del desarrollo sostenible mundial y la protección del medio ambiente. Las organizaciones internacionales, las empresas (en particular las empresas transnacionales) las ONG y la sociedad civil deben colaborar en esta asociación mundial y contribuir a su éxito" (resolución 2002/3). En el principio 5 de la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se exhorta a la asunción de una responsabilidad colectiva de promover el desarrollo sostenible - desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental-, centrándose en la aplicación, según se formula en su plan de aplicación.

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