18. El Grupo de Trabajo considera que muchas veces las leyes pueden constituir buenas prácticas en sí mismas, pero más a menudo funcionan como un componente en el desarrollo de buenas prácticas. Las disposiciones, leyes o reformas legislativas por las que se modifica la Constitución, las decisiones judiciales y toda la gama de formas en que las leyes son redactadas y codificadas en sociedades diversas son una importante pieza del rompecabezas de las "buenas prácticas", y pueden tener efectos inmediatos en la igualdad de facto. Una ley puede ser "prometedora" o "buena" en su formulación y articulación, y una decisión judicial puede ser buena, pero para que se considere una buena práctica, debe evaluarse en un contexto más amplio que el de un simple análisis de un texto jurídico. En opinión del Grupo, una buena ley por lo general se convierte en una buena práctica en combinación con factores auxiliares, como el proceso por el que se elabora y se difunde, se le da carácter operativo y se la pone en práctica. Con esto no se trata de subestimar la importancia de la propia ley, sino más bien de destacar que las consideraciones para determinar las buenas prácticas no pueden basarse exclusivamente en los propios textos jurídicos, sino que deben analizarse en su contexto, que incluye los resultados tangibles en la realidad que se vive.