Relatoría especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Reporte temático 12 (A/HRC/13/37)

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Relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Reporte temático 1 (A/HRC/41/48)

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72. La participación de los jueces y, en menor medida, de los fiscales en determinadas actividades políticas dentro de los poderes legislativo o ejecutivo plantea un problema particular. El concepto de independencia judicial se basa en la teoría de la separación de poderes, es decir, en la idea de que, en un Estado democrático moderno, el poder judicial debe actuar con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo. Por esa razón, las obligaciones de un juez se consideran "incompatibles con ciertas actividades políticas, tales como la pertenencia al parlamento nacional o los concejos locales" 55 . En consecuencia, un juez o un fiscal en servicio activo no puede aceptar dentro del poder ejecutivo o legislativoun empleo a tiempo completo que entrañe la formulación de políticas de alto nivel. Tendría que renunciar a su cargo en la administración de justicia antes de asumir nuevas funciones en los poderes ejecutivo o legislativo.

Relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Reporte temático 39 (A/HRC/56/62)

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23. Una amenaza sistémica para la gobernanza participativa es el aumento indebido del control de los poderes ejecutivo o legislativo sobre los tribunales y la judicatura. La erosión de la separación de poderes puede menoscabar la independencia y la legitimidad de los tribunales, junto con su capacidad para servir de contrapeso al poder político. La Relatora Especial se refiere a este fenómeno como la "apropiación" de los tribunales. Esta apropiación supone un riesgo especialmente grave para los valores democráticos cuando se produce en los tribunales supremos y constitucionales, que a menudo desempeñan el papel másimportante en lo que se refiere al contrarresto del poder del Estado, el examen de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración y la resolución de litigios electorales. No obstante, el fenómeno de la apropiación puede afectar a tribunales y a titulares de derechos en todo el sistema de justicia.

Relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Reporte temático 23 (A/69/294)

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77. Sin independencia del poder judicial no hay separación de poderes y sin esa separación no hay garantías para el estado de derecho ni la democracia. El predecesor de la Relatora Especial afirmó la importancia de los principios de la separación de poderes y el estado de derecho cuando señaló que era la separación de poderes, junto con el estado de derecho, lo que abría el camino a una administración de justicia que ofrecía garantías de independencia, imparcialidad y transparencia23. Como lo señaló el Comité de Derechos Humanos en su Observación General núm. 32, una situación en que las funciones y competencias del poder judicial y el poder ejecutivo no se pueden distinguir claramente o en que este último es capaz de controlar o dirigir al primero, es incompatible con la noción de tribunal independiente (CCPR/C/GC/32, párr. 19)