Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 27 (A/HRC/25/60)

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25. En aquellas jurisdicciones en las que los exámenes médicos independientes deben estar autorizados por los instructores del caso, los fiscales o las autoridades penitenciarias, dichas autoridades tienen abundantes posibilidades de retrasar la autorización, de manera que las posibles lesiones sufridas a consecuencia de la tortura hayan sanado para cuando se vaya a realizar el examen médico. Además, ese tipo de informes médicos y forenses son a menudo tan deficientes que apenas contribuyen a facilitar la toma de la decisión por los jueces o los fiscales de excluir o no las declaraciones. Algunos jueces están dispuestos a admitir las confesiones sin intentar corroborarlas con otras pruebas, aunque la persona se retracte ante el juez y alegue haber sido torturada. Además, a veces los casos que se presentan ante los tribunales se basan únicamente en las confesiones de los acusados y carecen de cualquier tipo de prueba material, o bien los jueces establecen ciertas condiciones previas, como la presencia de marcas visibles o reconocibles, para dictaminar la nulidad de las pruebas que se han obtenido bajo tortura u otros malos tratos. El Comité contra la Tortura ha establecido que la presencia de cicatrices o marcas físicas no debe ser una condición previa para declarar la nulidad de las pruebas obtenidas bajo tortura (CAT/C/SR.1024, párr. 29) Además, para demostrar que las pruebas no se han obtenido mediante tortura, un tribunal debe basarse en otras pruebas distintas al testimonio del funcionario a cargo de la investigación 9.

Relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Reporte temático 14 (E/CN.4/2006/53)

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40. Es especialmente importante señalar que la tensión y la confusión del combate no justifica el rechazo o la nulidad de las normas aplicables; la realidad de los conflictos armados está plenamente contemplada en el fundamento de la legislación aplicable y en las defensas establecidas para la culpabilidad penal32. Los soldados deben recibir capacitación y atenerse a las normas del derecho internacional. Toda doble norma en lo que respecta al castigo es contraria al imperio de la ley y puede contravenir la prohibición de discriminación enunciada en la normativa de los derechos humanos.

Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, Reporte temático 25 (A/HRC/WGEID/98/1)

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20. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a velar por que la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes 15 . Esas autoridades deben determinar, sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación del niño en relación con sus padres, parientesy representantes legales y que, si es necesario, las personas interesadas han dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario. Además, la Declaración, "[h]abida cuenta de la necesidad de preservar el interés superior de los niños", dispone en su artículo 20 que "deberá ser posible, en los Estados que reconocen el sistema de adopción, proceder al examen de la adopción de esos niños y, en particular, declarar la nulidad de toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada".  

Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, Reporte temático 25 (A/HRC/WGEID/98/1)

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22. Según el artículo 20, párrafo 2, de la Declaración, los Estados deben, en la mayoría de los casos, declarar la nulidad de "toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada". Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia y en particular la necesidad de proteger los intereses superiores del niño, tal adopción debe seguir siendo válida si, en el momento del examen, consienten en ella los parientes biológicos más cercanos del niño. Para determinar si la anulación de una adopción responde al interés superior del niño, se deben combinar estos principios con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el proceso de adopción de decisiones se deben tener debidamente en cuenta las opiniones de los niños, en función de la edad y de la madurez del niño.

Relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Reporte temático 10 (A/HRC/27/56)

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