Relatoría especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Reporte temático 20 (A/HRC/17/35)

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B. Marco jurídico del derecho a una reparación efectiva para las personas víctimas de la trata

13. Una doctrina bien establecida del derecho internacional es que el Estado está obligado a reparar el perjuicio causado cuando una acción u omisión es atribuible al propio Estado con arreglo al derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional del Estado 1 . Aunque esta doctrina de la responsabilidad del Estado se ha aplicado tradicionalmente entre los Estados, también se hace extensiva a los perjuicios entre particulares 2 .

Relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Reporte temático 20 (A/HRC/51/34)

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69. A menudo la principal estrategia de acusación, en particular en los tribunales internacionales, ha consistido en castigar a quienes se considera más responsables de esos abusos, concentrándose en los líderes, los planificadores y los estrategas y no en los soldados rasos que cometían las atrocidades. Con arreglo a la doctrina de la responsabilidad de mando (denominada también de responsabilidad superior) puede imputarse a los líderes de grupos armados no estatales una responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus subordinados 60.

Relatoría especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Reporte temático 2 (A/74/321)

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10. En el pr esente informe, la Relatora Especial (...) hace hincapié en que la búsqueda y el logro de reparaciones por la esclavitud y el colonialismo exigen una auténtica " descolonización " de l as doct rinas del derecho internacional que siguen siendo un obstáculo para las reparaciones. Ante las grav es injusticias históricas de la esclavitud y el colonialismo, y sus continuos legados, el uso de la doctrina jurídica para impedir la reparación por parte de l os Estados Miembros es preocupante. La Relatora Especial subraya que históricamente la doctrina j urídica internacional justifica y habilita la dominación colonial más de lo que garantiza la igualdad de derechos para todos los seres humanos. La legislació n que perpetúa las dinámicas neocoloniales - incluso la imposibilidad de erradicar los legados de la e sclavitud y el colonialismo - debe ser reconocida y condenada como un instrumento neocolonial en sí mismo. El ímpetu debería estar en la elaboración de doct rinas legales que puedan asegurar la justicia y la igualdad para todos, independientemente de la ra za. El colonialismo y la esclavitud fueron legales, pero ambos fueron abolidos. Esto plantea la cuestión de por qué los defensores de la justicia liberal no se preocupan por lograr una reforma de las leyes que haga compatibles las reparaciones integrales c on el derecho internacional.

Relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Reporte temático 5 (A/HRC/30/41)

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69. Otra forma en la que el neoliberalismo ha afectado a los pueblos y mujeres indígenas se refiere a las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tales intervenciones de política, basadas en doctrinas neoliberales, prescriben estrictos programas de austeridad fiscal como remedio para el subdesarrollo económico y un alto nivel de endeudamiento en relación con el producto interno bruto. Las drásticas reducciones del gasto público se traducen regularmente en recortes en los servicios vitales, que repercuten de forma desproporcionada en las personas más vulnerables, entre ellas las mujeres indígenas.

Relatoría especial sobre la libertad de religión o de creencias, Reporte temático 47 (A/HRC/55/47)

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35. También se ha señalado que la "santidad" es una cualidad que escapa por completo al alcance de los derechos humanos 55. En el plano internacional, los mecanismos de derechos humanos no tienen el mandato de inventariar de manera exhaustiva los libros sagrados y los símbolos religiosos asociados a todo "pensamiento, conciencia y religión", incluso aquellos que admitan interpretaciones diversas y posibiliten la existencia de grupos intrarreligiosos y sectarios, ni tampoco disponen de los medios para hacerlo. Tal tarea sería desalentadora, inverosímil e "intrínsecamente contradictoria" 56, toda vez que el inventario tendría que incluir a comunidades religiosas o de creencias que pueden negar la legitimidad de su mutua existencia. Lo que puede confiarse a los foros de derechos humanos es que se ocupen de "las doctrinas religiosas solo en la medida en que ello permita proteger la creencia en esas doctrinas" y tutelar el derecho de las personas y los grupos a "practicar su religión sin perturbaciones" 57. En la mayoría de los casos, los tribunales de justicia serán los que mejor puedan discernir si un contenido en particular, a la luz de los hechos que concurren en un caso específico, y en conjunción con los demás factores que conforman la prueba de los seis parámetros, alcanza en realidad el umbral de la incitación.

Relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Reporte temático 27 (E/CN.4/2002/97)

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E. Legislación y reformas a nivel nacional

30. Muchos Estados han adoptado una legislación en relación con los pueblos indígenas; tal es el caso de Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia. Los indios y los inuit del Canadá, los aborígenes de Australia y los maoríes de Nueva Zelandia se consideran "primeras naciones" o pueblos aborígenes con unos derechos reconocidos en el derecho internacional 4 . Esos pueblos, a los que los colonizadores arrebataron sus tierras apoyándose en la doctrina de terra nullius, ahora desacreditada, reclaman sus territorios basándose en el principio del título aborigen. Este concepto se ha desarrollado ahora en el derecho internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas 5 . 

Relatoría especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Reporte temático 3 (A/HRC/33/48)

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21. De acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte, en las controversias que le sean sometidas, la Corte deberá aplicar las convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho, así como las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. La Corte podrá a sí aplicar a un determinado caso relativo a medidas coercitivas unilaterales las normas de derechos humanos que puedan ser pertinentes a la evaluación de sanciones, como se indicó brevemente en un anterior informe del Relator Especial 16 . Ha habido casos en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en los que el Estado demandante basó parte de sus reclamaciones en la presunta violación de normas de derechos humanos por el Estado demandado 17 .

Relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Reporte temático 26 (E/CN.4/2004/80)

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Relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Reporte temático 16 (E/CN.4/2005/60)

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D. Proliferación del uso abusivo de la prisión preventiva sin garantías procesales

36. Invocando como doctrina la lucha contra el terrorismo e, incluso en ocasiones inspirándose en la figura del "enemigo combatiente", los gobiernos de muchos Estados han aprobado o reforzado instrumentos jurídicos que les otorgan unas prerrogativas en relación con la detención ajena a cualquier control judicial que, según el contexto, les sirven para encarcelar a sospechosos de terrorismo, opositores políticos, refugiados o solicitantes de asilo. Con el mismo fin, otros Estados utilizan ampliamente sus facultades en materia de detención ministerial, que la legislación (generalmente en materia de orden público o de seguridad nacional)les confiere, a pesar de las reiteradas peticiones que las Naciones Unidas han venido formulando a lo largo de los ?últimos 20 años para que renuncien a los medios jurídicos de este tipo, que son contrarios al derecho internacional al conferirles prerrogativas excepcionales sin necesidad de declarar el estado de excepción.

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Reporte temático 2 (A/HRC/30/36)

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66. El deber de proporcionar esta reparación está recogido como derecho internacional consuetudinario en la jurisprudencia invariable del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo señala que, hasta la fecha, los argumentos alegados y las doctrinas expuestas contra los remedios jurídicos han sido sumamente eficaces. En la práctica, ni los tribunales internacionales ni los nacionales han proporcionado remedios jurídicos efectivos. Aceptar nuevas restricciones que obstaculicen en la práctica la concesión de reparaciones por los tribunales internos es contrario al estado de derecho y a los requisitos de un ordenamiento jurídico internacional efectivo ya que, de conformidad con los principios de subsidiariedad y complementariedad del derecho internacional, incumbe principalmente a los ordenamientos jurídicos internos proporcionar remedios jurídicos.