Relatoría especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. , Reporte temático 16 (A/76/170)

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Relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos , Reporte temático 3 (A/73/215)

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28. Igualmente, con arreglo a la Declaración, los Estados tienen la obligación de promover y facilitar la educación en derechos humanos. Esta obligación es particularmente importante en lo que respecta a los funcionarios del Estado que se ocupan de la protección de los defensores de los derechos humanos, como abogados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las fuerzas armadas y funcionarios públicos. La educación en derechos humanos incluye formación en declaraciones públicas y apoyo a los discursos públicos sobre los defensores de los derechos humanos que reconozcan que son voces legítimas e importantes dentro de la sociedad. (...)

Relatoría especial sobre la libertad de religión o de creencias, Reporte Temático 49 (A/HRC/58/49)

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30. De tales derechos se desprende que los Estados no pueden permitir a sabiendas que nadie sea sometido a tortura o coacción en razón de su religión o sus creencias. Los Estados suelen cometer violaciones de los derechos humanos a través de personas que representan al Estado. De ahí que el Comité contra la Tortura califique la tortura como todo acto por el cual se inflijan dolores o sufrimientos "cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia" 44. Si bien otros tratados no especifican a los funcionarios públicos en la prohibición de la tortura, ha de establecerse un vínculo entre la vulneración de un derecho humano y el Estado para hacer valer la responsabilidad. Este vínculo es evidente cuando los funcionarios del Estado cometen violaciones de los derechos humanos.

Relatoría especial sobre el derecho a la educación , Reporte temático 38 (A/78/364)

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51. En la mayoría de los países, los docentes de las escuelas públicas son funcionarios o empleados del sector público 61 , y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha observado que una prohibición general de la huelga de todos los empleados de la administración pública que tengan la condición de funcionarios, incluidos los docentes, no se ajusta a las admitidas en virtud del artículo 8 2)del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 71 .