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Relatoría especial sobre la libertad de religión o de creencias, Reporte temático 28 (A/HRC/2/3)

17. Si bien es cierto que los actos de difamación de la religión son comunes en diversas regiones del mundo, debe reconocerse que cada uno de esos fenómenos tiene un carácter propio. En sus manifestaciones, expresiones y frecuencia, esas formas de difamación de la religión presentan características distintas. En vista de la vinculación entre la difamación de las religiones y la discriminación y la intolerancia, conviene proceder con cautela al establecer un marco general para su comprensión y análisis.

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 1 (A/HRC/44/49)

40. A largo plazo, también es fundamental que los Estados deroguen las leyes que penalicen el periodismo, como las aprobadas bajo el pretexto de frenar el terrorismo o la difamación en el marco de otras categorías. En una declaración conjunta de 2002, los observadores de la libertad de expresión de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de los Estados Americanos declararon que "debe derogarse la legislación penal sobre difamación y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas" 46. En la Declaración de Table Mountain, relativa a la libertad de prensa en África y aprobada en 2007, se exhortaba a los Gobiernos a que derogaran las leyes penales sobre difamación e injurias. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general núm. 34, párrafo 47, también instó a los Estados partes a que consideraran la posibilidad de despenalizar la difamación y señaló que, en cualquier caso, la prisión nunca era una pena proporcionada para la difamación 47.

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 28 (E/CN.4/2003/67)

73. En relación con el libelo y la difamación, el Relator Especial estima que castigarlos con penas de prisión es desproporcionado. Además, considera que el derecho penal no es el apropiado para regular dichas infracciones. Tal y como se señaló en la declaración que realizó junto con el Representante de la OSCE sobre la libertad de los medios de comunicación y el Relator Especial de la OEA sobre la libertad de expresión, "la difamación no es una restricción justificable de la libertad de expresión; todas las leyes penales sobre difamación se deberían abolir y reemplazar, en su caso, por leyes civiles sobre difamación apropiadas".

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 26 (A/HRC/11/4)

50. También la jurisprudencia internacional avala el punto de vista de que, como tales, los gobiernos y las autoridades públicas no deberían poder interponer demandas por difamación o injurias. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, pidió la abolición de la figura delictiva de "difamación del Estado". Aun cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha desestimado totalmente la posibilidad de que los gobiernos entablen demandas por difamación, sí parece haberla limitado a situaciones que pongan en peligro el orden público, lo que entraña que los gobiernos no pueden demandar por difamación meramente para proteger su honor. Una serie de tribunales nacionales (por ejemplo, en la India, Sudáfrica, el Reino Unido, los Estados Unidos y Zimbabwe)han denegado asimismo a los cargos públicos electos la facultad de demandar por difamación.

Relatoría especial sobre la libertad de religión o de creencias, Reporte temático 35 (A/56/253)

137. El Relator Especial desea subrayar que la cuestión de la difamación ha constituido una de las preocupaciones del mandato desde su creación, pues la difamación es intrínsecamente un atentado contra la libertad de religión o de creencias. A partir de 1988, mediante los informes generales o de misión del Relator Especial 9, se puede constatar la evolución siguiente:

a)Hasta la guerra fría, una política del bloque del Este de promoción de una

ideología arreligiosa e inclusive antirreligiosa, cuyos instrumentos fueron, entre

otros, la difamación de la religión, percibida esquemáticamente como "el opio del pueblo";

b)Desde el final de la guerra fría, la desaparición, en general, de esas políticas

de difamación, con excepción de ciertos Estados que sin duda ya no proclaman

una política oficial de lucha contra la religión, pero que en la práctica enmarcan totalmente a la religión y la hacen esclava de la política, y consiguientemente orquestan campañas, en particular, de difamación contra cualquier comunidad o persona religiosa que cuestione la injerencia del Estado;

c)El ascenso del ateísmo, sobre todo en el Occidente, y el nuevo cuestionamiento del papel de la religión en la sociedad y las instituciones públicas, actitud que se expresa, según los casos, mediante el ejercicio legítimo del derecho a la crítica, o bien mediante una difamación de la religión:

d)Estos últimos años, sobre todo desde la guerra del Golfo y la acentuación

del conflicto en los territorios ocupados, una campaña de prensa de islamofobia a escala internacional llevada a cabo por ciertos medios de comunicación; sin excluir, desde luego, campañas análogas contra otras religiones, sin embargo circunscritas a ciertos Estados;

e)Por último, una constante, es decir, el hecho de que la difamación sigue

siendo frecuentemente la resultante de una intolerancia o de una ignorancia entre religiones, pero también intrarreligiosa, o de ambas cosas, a menudo en el marco de relaciones de fuerza entre mayoría y minorías.

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 17 (A/HRC/20/17)

87. Por lo tanto, el Relator Especial insta a todos los Estados a derogar las disposiciones penales sobre difamación que autorizan a procesar a los autores de artículos en medios de información, así como a limitar las sanciones de derecho civil por difamación de manera que guarden proporción con el perjuicio causado. Destaca que los procesos penales por difamación inevitablemente se convierten en un mecanismo de censura política, lo cual contraviene la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 20 (A/HRC/14/23)

85. En este sentido, y recordando la declaración conjunta de los mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión de 2008, el concepto de "difamación de religiones" es incompatible con los estándares internacionales relativos a la difamación, los cuales se refieren a la protección de la reputación de las personas y no de las religiones que, como cualquier otra creencia, no tienen un derecho a la reputación. Asimismo, el Relator Especial reitera su punto de vista previamente expresado de que es conceptualmente incorrecto presentar el asunto de la "difamación de las religiones" de manera abstracta como un conflicto entre el derecho a la libertad de religión o de credo y el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Comunicación No. 2767/2016, Párr. 3.

10.8 El Comité recuerda asimismo que "[l]os Estados partes deberían considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, y la pena de prisión no es nunca adecuada"26. Si la difamación no debería nunca conllevar una pena de privación de libertad como castigo adecuado, a fortiori toda detención con base a cargos de difamación nunca puede considerarse una medida necesaria ni proporcional.

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 22 (A/HRC/7/14)

C. Restricciones jurídicas a la libertad de opinión y de expresión

Difamación

39. Los delitos de difamación han sido una de las causas principales de encarcelamiento de periodistas en todo el mundo. Las leyes relativas a la difamación se formularon inicialmente con un objetivo legítimo, que era proteger a las personas contra las falsas declaraciones de hechos que podían perjudicar su reputación. En particular, esas leyes reflejan la opinión legítima de que el ejercicio de la libertad de expresión, en especial por los profesionales de los medios de comunicación, debe hacer gala de responsabilidad, buen juicio y profesionalismo. Sin embargo, el carácter subjetivo de muchas leyes sobre la difamación, su alcance excesivamente amplio y su aplicación en el derecho penal han convertido a esas leyes en poderosos mecanismos para sofocar el periodismo de investigación y silenciar las críticas.

Relatoría especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Reporte temático 17 (A/HRC/20/17)

1. Difamación

83. Las leyes sobre difamación protegen la reputación de la persona de atentados falsos y maliciosos y constituyen un motivo válido para restringir la libertad de expresión. Casi todos los países tienen alguna forma de legislación sobre difamación, por más que se empleen términos distintos como calumnia, injuria, insulto, desacato o lesa majestad. El problema con los casos de difamación, sin embargo, consiste en que con frecuencia enmascaran la determinación de los poderes políticos y económicos de tomar represalias contra críticas o denuncias de mal administración o corrupción y de ejercer presión indebida sobre los medios de información.

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