Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 5 (E/CN.4/2006/6)

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30. El 7 de diciembre, bajo los auspicios del Consejo de Europa, el Relator Especial participó en un debate sobre la formulación de directrices en materia de seguridades diplomáticas en el marco del Grupo de Especialistas en Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo del Comité de Dirección para los Derechos Humanos.

31. En su intervención, el Relator Especial esbozó sus principales motivos de preocupación al respecto: 

a) El principio de no devolución (el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) es una obligación absoluta dimanante del carácter absoluto y de obligado cumplimiento de la prohibición de la tortura; 

b) Se piden seguridades diplomáticas a países con un acreditado historial de tortura sistemática, o sea, el mero hecho de que se pidan seguridades diplomáticas es un reconocimiento de que el Estado a quien se le solicitan, a juicio del Estado solicitante, practica la tortura.  En muchos casos, las personas en nombre de quien se piden seguridades diplomáticas pertenecen a un grupo expuesto a un gran peligro ("fundamentalistas islámicos")

c) Ocurre con frecuencia que el Estado a quien se solicitan y el Estado solicitante son partes de la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos u otros tratados que prohíben absolutamente la tortura.  En vez de utilizar todas sus facultades diplomáticas y jurídicas en cuanto Estados Partes para exigir que otros Estados Partes asuman la responsabilidad por sus violaciones, los Estados solicitantes, con las seguridades diplomáticas, buscan solo que excepcionalmente no se torture a unas pocas personas, lo que supone aplicar un doble rasero respecto a los otros reclusos en esos pases; 

d) Las seguridades diplomáticas no son jurídicamente vinculantes.  Por ello, es dudoso que los Estados que no respetan las obligaciones vinculantes del derecho de tratados y el derecho consuetudinario internacional vayan a cumplir seguridades no vinculantes.  Sobre este particular, otro aspecto importante es si la autoridad que da las seguridades diplomáticas tiene el poder para conseguir que sus propias fuerzas del orden las respeten; 

e) Los mecanismos de supervisión después del retorno no son ninguna garantía contra la tortura -incluso los mejores mecanismos (por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura) no son salvaguardias inquebrantables contra la tortura; 

f) El interesado no tiene ningún recurso si se violan las seguridades; 

g) En muchos casos, en las seguridades diplomáticas no se dispone ninguna sanción por incumplimiento, es decir, ni el Estado solicitante ni el Estado al que se le solicitan asumen ninguna responsabilidad, por lo que no se enjuicia a los torturadores; 

h) Ambos Estados tienen un mismo interés en negar que se torture a los repatriados.  Por ello, cuando los Estados han fijado en el acuerdo que las funciones de supervisión las lleven a cabo organizaciones independientes, esos intereses pueden manifestarse en el ejercicio de una presión política indebida sobre dichos órganos de supervisión, en particular cuando los fondos provienen del Estado remitente o del destinatario, o de ambos. 

32. En conclusión, el Relator Especial afirma que las seguridades diplomáticas en el caso de la tortura no son más que intentos de eludir la prohibición absoluta de la tortura y la devolución y que, en vez de elaborar un instrumento jurídico sobre normas mínimas para el uso de las seguridades diplomáticas, el Consejo de Europa deberá pedir a sus Estados miembros que se abstengan de solicitar y adoptar este tipo de seguridades a Estados con un acreditado historial de uso de la tortura.  

Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 27 (A/HRC/25/60)

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Relatoría especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Reporte temático 36 (A/79/324)

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10. Solo un reducido número de instrumentos adoptan la buena práctica de señalar los derechos específicos afectados por los instrumentos en general o por medidas concretas contenidas en ellos 13. Por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, adoptado en 2005, y su Protocolo Adicional, adoptado en 2015, exigen que las medidas preventivas nacionales respeten los derechos humanos en general; que los delitos preparatorios para respeten las libertades de expresión, asociación y religión; y que los delitos en general sean necesarios y proporcionados para perseguir un objetivo legítimo y excluyan la arbitrariedad, la discriminación o el racismo 14. En los considerandos no vinculantes, la Directiva 2017/541 de la Unión Europea sobre la lucha contra el terrorismo menciona estas últimas salvaguardias y trata de proteger la libertad de expresión en relación con su delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (considerandos 39 y 40) La Directiva también aborda (en el apartado 2 de su art. 23)la libertad de los medios de comunicación. El Protocolo de la Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA)sobre la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo, adoptado en 2004, prohíbe la tortura, la discriminación y el racismo (letra k)del apartado 1 del art. 3)

Relatoría especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reporte temático 20 (A/74/137)

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21. La esterilización forzada y el aborto forzado constituyen delito y son sendas formas de violencia de género contra la mujer. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, prohíbe ambas expresamente, mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas las prohíben implícitamente mediante la protección de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. La esterilización forzada y el aborto forzado son tratamientos médicos que se practican en todo el mundo sin consentimiento informado. Son practicados por profesionales sanitarios por diversas razones, como, por ejemplo, aduciendo que redundan en beneficio del denominado interés superior de la mujer 17 o basándose en la creencia de que ciertos grupos de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, como las mujeres romaníes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad o las mujeres que viven con el VIH, no son "dignas" de procreación, son incapaces de tomar decisiones responsables sobre la anticoncepción, no están en condiciones de ser "buenas madres" o no es aconsejable que tengan descendencia. Algunos centros de salud, además, ocultan información o engañan a las mujeres para que presten su consentimiento a la esterilización, actuando en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una manifiesta falta de respeto a su derecho a la autonomía y a la elección como pacientes 18. Estas intervenciones médicas han sido analizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y los tribunales regionales y han sido calificadas como formas de violencia de género contra la mujer que puede causar daños físicos y psicológicos y que puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante 19.