Relatoría especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Reporte temático 11 (A/HRC/17/40)

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1. Las ocupaciones basadas en castas y la condición de intocable

32. La discriminación contra miembros de los grupos afectados se manifiesta en el trabajo o la ocupación. Algunas tareas que se consideran ritualmente contaminantes e impuras para otros miembros del sistema social los marginan aún más, pues se los considera "intocables" a causa de su trabajo. La condición de intocable se ha prohibido en muchos países (junto con la discriminación basada en la casta) pero la noción de impureza y contaminación vinculada a algunos trabajos persiste a causa de la discriminación basada en la ascendencia. Por lo tanto, la noción de contaminación debida al trabajo está i nterrelacionada con las ocupaciones basadas en castas, que incluyen el barrido y la remoción manual de excrementos (limpieza de las letrinas secas).

Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación , Reporte temático 7 (A/72/286)

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28. Algunas empresas privadas de seguridad que celebran contratos con el Estado para prisiones privatizadas imponen "garantías de ocupación", a veces denominadas "cuotas de reclusión", que exigen que el Gobierno proporcione un determinado número de reclusos a diario o pague como si las camas vacías de las prisiones estuvieran ocupadas 16. En un informe de 2015 de la organización no gubernamental In the Public Interest, se examinaron los contratos de 62 cárceles estadounidenses privatizadas en estados y condados y se concluyó que en 41 (el 65% del total)había una garantía de ocupación mínima. Esas garantías eran de entre el 80% y el 100% de la capacidad, muchas de ellas alrededor del 90% 17. Las garantías de ocupación incentivan indebidamente el encarcelamiento y disuaden a los funcionarios gubernamentales de buscar alternativas a la detención y el encarcelamiento; su propósito es proteger los márgenes de ganancia de las empresas privadas de seguridad y de prisiones. También pueden impedir que las empresas privadas sufran consecuencias financieras a raíz de violaciones manifiestas de los derechos humanos. En los Estados Unidos hubo un ejemplo de ello, cuando funcionarios estatales trasladaron presuntamente a unos 138 reclusos de una prisión privatizada en respuesta a fallas de seguridad documentadas. La empresa de la prisión privatizada utilizó la garantía del 97% de ocupación que figuraba en el contrato para obligar al estado a indemnizarla por las camas vacías, pese a que las camas se habían vaciado precisamente porque la empresa no gestionaba la prisión de manera adecuada 9.

Relatoría especial sobre cuestiones de las minorías, Reporte temático 4 (A/HRC/31/56)

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Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Reporte temático 19 (A/HRC/21/42)

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15. Para las personas estigmatizadas puede ser casi imposible escapar al estigma. Asimismo, algunas pueden experimentar un estigma por asociación, es decir, un estigma que va más allá de la persona que tiene una característica particular. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que las personas pueden sufrir discriminación por su asociación con un grupo particular o porque se las percibe como parte de este 6 . Por ejemplo, durante su misión a Bangladesh, la Relatora Especial observó que la ocupación de "barrendero" se transmite de generación en generación y que las personas se encuentran "atrapadas" en esa ocupación (A/HRC/15/55 y Corr. 1, párrs. 26, 75 y 76) 

Relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Reporte temático 15 (E/CN.4/2005/7)

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42. Los recientes acontecimientos obligan a adoptar diversas medidas, y la Comisión puede contribuir considerablemente a ese empeño mediante su labor. La primera de las medidas es condenar inequívocamente el asesinato de cualquier civil y no combatiente inocente, independientemente de quién sea el autor de esos actos y de las circunstancias. Esto incluye a quienes luchan contra la ocupación extranjera, para los que a veces se pide que se haga una excepción. Pero, como señaló el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio al final de un análisis detallado de la situación, "el quid de la cuestión no es ese, sino el hecho de que la ocupación de ninguna manera justifica el asesinato de civiles"11.

Relatoría especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Reporte temático 33 (A/77/345)

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45. Poner fin a las situaciones de ocupación debería ser un objetivo primordial de la pacificación y una prioridad para los Estados y las Naciones Unidas, dadas las profundas violaciones de los derechos humanos que a menudo las acompañan56. Las ocupaciones "transformadoras" o de larga duración son especialmente preocupantes (57) , dada su incompatibilidad prima facie con las leyes de los conflictos armados, su impacto negativo en las obligaciones de los Estados de aplicar plenamente el Reglamento de La Haya y los Convenios de Ginebra, y la correspondiente realidad de violaciones sostenidas y sistemáticas de los derechos humanos fundamentales en tales contextos. La Relatora Especial destaca en particular las formas en que las ocupaciones transformadoras tienen un efecto negativo sostenido en los derechos humanos de las mujeres y las niñas58 . Señala que estas violaciones se ven agravadas y ampliadas por los proyectos de asentamiento de la Potencia ocupante, y se intensifican duramente cuando los colonos ejercen una violencia sostenida que no es regulada sino tolerada y alentada por la Potencia ocupante. La Relatora Especial ha observado que algunos Estados han tratado de desplazar la aplicación del derecho de la ocupación mediante el recurso retórico y práctico a la ley antiterrorista59 . Reflexiona sobre la existencia de una práctica observable de tratar cualquier acto de violencia dentro de un territorio ocupado como un acto de terrorismo, en lugar de trabajar a partir de principios de primer orden para aplicar el derecho de la ocupación al territorio en cuestión, y luego estudiar si se ha producido un acto de terrorismo dentro de ese marco jurídico (60) . La extensión de la legislación antiterrorista nacional de un Estado a un territorio ocupado constituye un indicio razonable de incumplimiento del derecho internacional humanitario y socava la esencia y el espíritu de los Convenios de Ginebra.