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Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 19 (A/65/273)

IV. Función de los centros de rehabilitación para las víctimas de tortura

61. En el marco de las obligaciones de los Estados de prevenir la tortura y hacer que quienes la cometen rindan cuenta de sus actos, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura establece que todo Estado parte velará por que su legislación garantice a las víctimas de la tortura una reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. Dicha obligación comprende el establecimiento y apoyo de centros de rehabilitación para las víctimas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos también hizo hincapié en ese deber en su resolución 2004/41, en la que destacó que "la legislación nacional debe garantizar que las víctimas de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, así como servicios de rehabilitación médico-social apropiados". A este respecto, la Comisión alentó "la creación de centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura".

Relatoría especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Reporte temático 27 (A/HRC/10/13)

56. Los desplazados internos tienen derechos a la restitución de bienes o indemnización justa y a reparación por otras violaciones. El Representante manifiesta inquietud por las deliberaciones en curso en el Parlamento acerca de la nueva ley de reparaciones y recalca que esa legislación deberá respetar por igual el derecho a reparación de todas las víctimas de desplazamientos forzosos, sin tener en cuenta la causa o el agente del desplazamiento.

Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 7 (A/54/426)

H. Indemnización y rehabilitación de las víctimas de la tortura

49. Tanto la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes estipulan que el Estado debe velar por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.

Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 3 (A/59/324)

60. (...) A este respecto, quisiera referirse a la resolución 2004/41 de la Comisión de Derechos Humanos, en que la Comisión destacó que "la legislación nacional debe garantizar que las víctimas de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, así como servicios de rehabilitación medico social apropiados y, a este respecto, alienta la creación de centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura".

Relatoría especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Reporte temático 5 (A/HRC/36/41)

101. Las víctimas tienen derecho a una indemnización justa por las pérdidas sufridas. Esta puede abordar las pérdidas materiales y los daños no materiales o morales. Los Estados tienen el deber de proporcionar atención de la salud, incluidos el tratamiento y los medicamentos, para hacer frente a los efectos negativos, según proceda.

Relatoría especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Reporte temático 15 (A/HRC/20/27)

81. En los casos en que se impongan restricciones indebidas a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, las víctimas deben tener el derecho a recibir reparación y una indemnización justa y adecuada. Una vez más, debe prestarse atención a las víctimas pertenecientes a los grupos expuestos a mayores riesgos en este proceso.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, Artículo 15

Artículo 15

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Artículo 14

Artículo 14

1. Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.

Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reporte temático 31 (A/71/298)

92. Cuando las investigaciones confirmen las denuncias de malos tratos, se deben proporcionar recursos efectivos y una reparación a las víctimas, incluida una indemnización justa y adecuada, y una rehabilitación tan completa como sea posible. Quienes alienten, instiguen, ordenen, toleren o perpetren tales actos de maltrato o consientan en ellos deberán ser puestos a disposición de la justicia y sancionados con arreglo a la gravedad de los delitos (véase la resolución 31/31 del Consejo de Derechos Humanos)

Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Reporte temático 5 (A/HRC/56/47)

74. Como se ha indicado anteriormente, no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas 133 concernidos, ni sin un acuerdo previo sobre la base de una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso 134. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, la relocalización solo debería tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidospor la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados 135.

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