Relatoría especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Reporte temático 2 (A/73/171)
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22. La violencia sexual relacionada con los conflictos puede adoptar muchas formas: puede equivaler a la explotación sexual o el matrimonio forzado en aras de la supervivencia o de la obtención de alimentos, alojamiento, protección o desplazamientos seguros. La violación y otras formas de violencia sexual se han empleado como táctica de guerra encaminada a humillar y debilitar la moral del enemigo, llevar a cabo una limpieza étnica de la población, desestabilizar las comunidades y obligar a los civiles a huir (A/71/303, párr. 32). La violencia relacionada con los conflictos también se utiliza para explotar los recursos naturales, confiscar tierras y desplazar a las personas, lo que a menudo conduce a la trata de mujeres y niñas que son reclutadas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso en zonas de explotación minera ilegal y otras zonas de extracción controladas por agentes no estatales, como grupos armados o servicios de seguridad privada. A menudo se considera a las mujeres y las niñas como mercancías que pueden ser "utilizadas", incluso en el contexto de actividades económicas que implican una concentración de hombres, como la minería y otras industrias extractivas, así como en la agricultura y la pesca. En Colombia, por ejemplo, se ha informado de que las mujeres, especialmente aquellas con ascendencia indígena, afrodescendiente y rural, están siendo utilizadas con fines de explotación sexual en zonas mineras ilegales y sistemáticamente sometidas a malos tratos, obligadas a trabajar largas horas, a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales sin protección, lo que da lugar a elevadas tasas de enfermedades de transmisión sexual y abortos forzados
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. En informes recientes sobre este tema, el Secretario General también advirtió sobre la importancia de prestar particular atención a la economía política subyacente de la violencia, incluida la competencia por el control de los recursos naturales y los asentamientos mineros por grupos armados, que guarda relación con el aumento de los desplazamientos de civiles, la trata de personas y el abuso sexual, como se ha vistoen la República Democrática del Congo y en otros lugares (véase S/2015/203; y S/2018/250, párrs. 16 y 17).
