2. La gestión de las corrientes masivas y mixtas de migración

78. Los Estados no deberían recurrir a deportaciones colectivas, que son contrarias al derecho internacional y a las normas internacionales de derechos humanos. Los Estados deberían tener mecanismos de supervisión regulares para prevenir las deportaciones colectivas y garantizar que todas las órdenes y decisiones de remoción o deportación se ajustan a las salvaguardias reconocidas en el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

39. La Relatora Especial considera que las iniciativas encaminadas a concertar acuerdos bilaterales y multilaterales para facilitar la circulación de personas y su regreso, siempre que sea necesario, también son importantes a este respecto. En realidad, el proceso de deportación puede resultar especialmente prolongado cuando no hay representación diplomática del país de que sea ciudadano el extranjero, cuando el país de destino no puede o no quiere financiar la deportación o cuando el Estado de origen u otro país se niega a aceptar al migrante. En esos casos, los migrantes a la espera de ser deportados pueden permanecer en detención administrativa por períodos prolongados. Las iniciativas bilaterales y multilaterales como las mencionadas más arriba ofrecerían garantías contra la deportación arbitraria y contra los posibles abusos y violaciones tras la deportación a los países de origen o a terceros países.

86. Una vez localizados por el Estado, es raro que a los hombres y mujeres víctimas de la trata se les permita permanecer en el país de acogida bien por su propia protección, bien para buscar una reparación judicial. Ante el fenómeno de la trata, la respuesta de los países de destino y de origen sigue siendo incitar a la deportación. A menudo la deportación se lleva a cabo sin coordinación y sin ningún intento por garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres.

41. La Relatora Especial ha documentado numerosos incidentes ocurridos en el proceso de deportación, algunos de los cuales provocaron el fallecimiento de los migrantes afectados. A ese respecto, la Relatora Especial subraya que los funcionarios que se ocupan de las deportaciones deben recibir formación para desempeñar su labor respetando los derechos y la dignidad de las personas de que se trate. Cabe subrayar que, la mayoría de las veces, los migrantes sometidos a procedimientos de deportación no han cometido más que infracciones administrativas; sin embargo, a menudo se tiende a tratarlos como delincuentes peligrosos.

50. El Relator Especial esta especialmente preocupado por la protección de los derechos humanos de los niños cuando están sujetos a deportación e insiste en la importancia de respetar los intereses superiores del niño en esos procedimientos. Además, alienta una vez más a los Estados a que vuelvan a considerar el principio de la no deportación de niños no acompañados y el principio de que los niños deberían ser repatriados sólo si eso favorece sus intereses superiores, es decir, con el objeto de reunificar a la familia y después de un proceso judicial apropiado.

39. Ya encerradas en una maquiladora o fábrica, ya en un burdel, las mujeres que emigran o son sometidas a la trata a menudo son privadas de su libertad arbitrariamente o a la fuerza por agentes oficiales o no oficiales. Se impide abiertamente su circulación con candados, barrotes y cadenas o de modo menos patente (pero no menos efectivo)confiscando su pasaporte y sus documentos de viaje, con relatos de detención y deportación, amenazas de tomar represalias contra personas de la familia o de revelar el carácter de su trabajo a la familia y la comunidad, y con violencia física. Los proxenetas se aprovechan de la ley y de la amenaza de deportación. "Para inhibir a sus víctimas e impedir que huyan, suelen amenazar a las mujeres con deportarlas. Como la deportación entraña riesgos para sus familias por la deuda pendiente por el paso clandestino, la humillación pública y el ostracismo si se da a conocer el empleo de la mujer u otras posibilidades de convertirla en víctima, esa amenaza es muy efectiva" 8. Algunos defensores han comparado la violencia contra la mujer objeto de trata con torturas y tratos crueles o inhumanos en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

53. El Relator Especial también observa que hay Estados que han tratado de llevar a cabo deportaciones por motivos de seguridad sin que hubiese mayor posibilidad de impugnarlas ante un órgano independiente e imparcial. El Relator Especial subraya que, a pesar de la cláusula de excepción por razones de seguridad prevista en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado claramente que la posibilidad de que se revisen las decisiones en materia de deportación es parte integrante del artículo 7 del Pacto. La opinión del Comité, expresada en Ahani c. Canadá 27, fue reiterada en el caso Alzery 28. Por consiguiente, el Relator Especial encarece a los Estados a no utilizar procedimientos sumarios en casos de asilo ni de deportación si en ellos no se ofrece la posibilidad de un recurso eficaz, independiente e imparcial antes de que se ejecute la decisión de expulsar. A juicio del Relator Especial, es improbable que un recurso que no sea judicial cumpla los estrictos requisitos de las normas de derechos humanos, como se indica en los casos Agiza, Ahani y Alzery examinados por órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos.