Relatoría especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares , Reporte temático 7 (A/HRC/53/30)

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55. La discriminación institucionalizada en los servicios del Estado es una realidad vergonzosa que a menudo se debe a la falta de capacitación de los funcionarios públicos acerca de la lepra, por lo que actúan basándose en prejuicios y estereotipos perjudiciales, especialmente en los ámbitos de la atención sanitaria, la educación y la protección social. La Relatora Especial también ha recibido denuncias sobre la falta de conocimientos sobre la lepra y las actitudes discriminatorias a causa de la lepra en el sistema judicial del Brasil. Un caso que sigue pendiente en un tribunal civil de São Paulo lo ejemplifica. El juez, demostrando un conocimiento muy limitado de la lepra, su historia en el Brasil y las violaciones de que fueron objeto las personas afectadas por la enfermedad y sus hijos, se ha negado, sin justificación, a escuchar los testimonios de los agraviados y ha excluido a la organización nacional de personas afectadas por la lepra de participar en el caso, aceptándola únicamente como amiga del tribunal. Además, el juez ha impuesto una multa a la organización.

Observación: CESCR-GC-9 La aplicación interna del Pacto, Párr. 2.

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2. Pero esta flexibilidad coexiste con la obligación de cada Estado Parte de utilizar todos los medios de que disponga para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. A este respecto, hay que tener presentes las prescripciones fundamentales de la legislación internacional sobre derechos humanos. Por eso, las normas del Pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico interno a través de los medios adecuados; las personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de medios adecuados de reparación, o de recurso, y se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos.

Relatoría especial sobre cuestiones de las minorías, Reporte temático 23 (A/76/162)

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Relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Reporte temático 18 (A/HRC/20/15)

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52. La rendición de cuentas judicial es uno de los métodos más decisivos y seguros para lograr la plena efectividad de la salud ocupacional. La rendición de cuentas judicial de las violaciones del derecho a la salud otorga a los tribunales el poder de someter a una revisión basada en los derechos a las leyes, políticas, decisiones y omisiones estatales que afectan a la salud ocupacional de los trabajadores. También concede a la judicatura la facultad de determinar el contenido y el alcance normativos del derecho a la salud y promueve una política de salud ocupacional a escala nacional, abierta, responsable, exhaustiva, coherente y cooperativa 55. La rendición de cuentas judicial puede por ello proporcionar a los trabajadores agraviados unos recursos idóneos y adecuados y promover el reconocimiento del derecho a la salud ocupacional sometiendo a revisión judicial las leyes y políticas del Estado.

Relatoría especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Reporte temático 17 (A/77/284)

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37. Los Estados y otros titulares de obligaciones (por ejemplo, las empresas)son responsables de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Deben cumplir las normas jurídicas interconectadas consagradas en el derecho de los derechos humanos y el derecho ambiental (18) . Cuando no lo hacen, los titulares de derechos agraviados deben tener acceso a la justicia, con recursos efectivos (véase E/C.12/2019/1, párrs. 7 y 14) El acceso a la justicia puede adoptar muchas formas, incluidos los procedimientos administrativos de reclamación, las instituciones nacionales de derechos humanos y los procesos judiciales a nivel local, nacional y regional. La rendición de cuentas está estrechamente vinculada a la supervisión del cumplimiento de las normas y las metas, a la garantía de los derechos a la información y la participación y a la creación de las capacidades de los titulares de derechos para reclamarlos de forma efectiva.

Relatoría especial sobre cuestiones de las minorías, Reporte temático 25 (A/HRC/49/46)

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43. En la misma línea, es importante destacar e ilustrar la conexión directa entre la denegación de los derechos humanos de las minorías y buena parte de los conflictos del mundo, que no dejan de crecer en número. Esta conexión queda a veces oculta tras los términos más generales de "exclusión", "agravios contra grupos" y "desigualdades". En su informe conjunto, las Naciones Unidas y el Banco Mundial afirman, por ejemplo, que "muchos de los conflictos violentos actuales están relacionados con agravios contra grupos que tienen su origen en la desigualdad, la exclusión y el sentimiento de injusticia" y que "es cuando un grupo agraviado culpa a otros o al Estado por la exclusión económica, política o social que percibe cuando sus agravios pueden politizarse y se corre el riesgo de que ello desemboque en la violencia" (38) . Al hacer esta afirmación, en realidad están apuntando a situaciones en que muy probablemente hay legislación, políticas o prácticas que tienen repercusiones negativas irrazonables o injustificadas para las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas y en que, por lo tanto, presumiblemente se corre el riesgo de que se vulnere uno de los pilares fundamentales del régimen mundial de derechos humanos: el derecho a la igualdad sin discriminación en el derecho internacional.

Relatoría especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Reporte temático 11 (A/HRC/25/54)

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81. Entre los medios de reparación frente a la violación del derecho a una vivienda adecuada cabe mencionar la restitución, la reparación 95 , la obtención de otra vivienda adecuada, la rehabilitación de la vivienda o los medios de subsistencia, la indemnización económica o no económica por la pérdida y el daño sufridos, y las sanciones punitivas contra el autor. Cabe solicitar un mandamiento judicial, medidas cautelares u otras intervenciones administrativas o judiciales para evitar un inminente desalojo forzoso u otro tipo de violación. Cabe también mencionar entre los medios de reparación la derogación o modificación de una ley o una política y la anulación de decisiones administrativas. A este respecto, los Estados deberían asegurar que las políticas y las decisiones que afectan a la seguridad de la tenencia estén supeditadas a una revisión judicial o administrativa. En caso de que el Estado, de manera injustificada, no adoptara las medidas adecuadas y oportunas para dar respuesta a la inseguridad de la tenencia, y teniendo en cuenta la utilización por parte del Estado de los recursos disponibles, entre las opciones de reparación cabría considerar un mandamiento judicial para diseñar y ejecutar un plan de acción razonable orientado a asegurar la tenencia de los grupos agraviados 96 .

Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 7 (A/HRC/32/31)

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C. Obligación de promover la rendición de cuentas

29. El principio de rendición de cuentas aporta la justificación general para instaurar un régimen internacional de derechos humanos. Opera en dos niveles. El primero es el de la  rendición de cuentas por parte de los Estados a la comunidad internacional, obligación que  se ha promovido mediante la creación de mecanismos de vigilancia como el Comité de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el proceso del examen periódico universal,  así como mediante mecanismos regionales. El segundo nivel es el de velar por que los  gobiernos rindan cuentas a los ciudadanos y otros titulares de derechos. El derecho a  obtener reparaciones se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en  el derecho internacional de los derechos humanos se atribuye particular importancia a que  se adquiera una comprensión del derecho a interponer recursos suficientes, efectivos,  rápidos y apropiados, que incluyan la obtención de reparaciones. Se ha insistido en la  interposición de recursos al referirse a situaciones de justicia de transición. En relación con  los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité que se encarga de ellos ha  declarado, en su observación general núm. 9, que "las personas individuales o los grupos  agraviados han de disponer de medios adecuados de reparación, o de recurso, y se han de  establecer mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos"  (párr. 2)

Relatoría especial sobre el derecho al desarrollo, Reporte temático 2 (A/HRC/39/51)

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30. Otra condición previa esencial para avanzar hacia la igualdad y la promoción del derecho al desarrollo es la existencia de mecanismos de rendición de cuentas accesibles y eficaces. Proporcionar recursos efectivos para las violaciones de los derechos humanos, como la discriminación, es una obligación fundamental de los Estados dimanante del derecho internacional de los derechos humanos, que no solo reconoce los derechos humanos individuales de todos los seres humanos, sino que, además, impone a los Estados la obligación de garantizar o asegurar el disfrute efectivo de los derechos humanos en su jurisdicción 37 . El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado en su observación general núm. 9 (1998) relativa a la aplicación interna del Pacto, que para que las normas del Pacto sean reconocidas en el ordenamiento jurídico interno a través de los medios adecuados, las personas o los grupos agraviados deben tener a su disposición medios adecuados de reparación o de recurso y deben establecerse mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos. Los Estados han reconocido la importancia de ofrecer reparaciones por la desigualdad de género eligiendo como indicador para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 el que determina si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y vigilar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo. Más recientemente, el principio 29 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos determinó que las empresas también deben permitir que las reclamaciones por daños causados se atiendan con rapidez y se remedien directamente, estableciendo mecanismos de reclamación eficaces a nivel operacional que se pongan a disposición de las personas y las comunidades que puedan sufrir las consecuencias negativas o participando en ellos.

Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas , Reporte temático 12 (A/72/162)

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